Opinión, por Martin Korin: Restricciones en tiempos de pandemia.

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La población debate diariamente entre actividades prohibidas, lo moralmente correcto y  lo considerado necesario.

Por Martin Miguel Korin

Una pared de concreto blanquecina se encuentra intervenida con varios caracteres de color rojo fuego conformando la expresión “prohibido prohibir”. Como bien sabemos, la frase inmortalizada en aquel mayo francés del 68, y que trascendiera incluso al plano musical a través de Eladia Blázquez, se forjaba como puntapié de una pequeña revolución, un destape social, político y moral por parte de un grupo de jóvenes idealistas plantados en rebeldía.

Hoy, y a más de 53 años de aquella icónica frase, nos hallamos en una réplica de tal revolución, debatiendo entre distintas dinámicas cotidianas y las múltiples obligaciones impuestas por las autoridades, ante el avance demoledor de un virus que día a día se cobra la vida de tantos argentinos. Discusiones interminables en el barrio, grupos de WhatsApp y a través de las redes sociales, plantean en la diaria un conflicto latente que pone en puja el estándar moral de cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo.

Mabel recibe el llamado de Carla; que le asegura que hoy hay futbol en el club. “No puede ser Carla!! ESTAMOS EN FASE 2! Es una actividad que no está permitida!” – exclama tan fuerte Mabel, que puedo incluso oírla desde mi casa-. Inmediatamente y luego de lo expuesto por Carla, Mabel pregunta en un grupo popular de recomendaciones en Facebook: “¿Está permitido realizar actividades en un club, estando el municipio en Fase 2?”. Las respuestas poseen una variedad tal, que dejan pequeño el nombre de las populares galletitas, generando un intervalo de contestaciones que van desde un “NO” rotundo, un “acá cada quien hace lo que quiere”, y uno, proveniente de Carlos, que oficia de disparador a un conflicto interminable: “está prohibido, pero la gente tiene que trabajar, si no te gusta no mandes a tus hijos y listo”. Hago un parate y me pregunto a mí mismo: ¿Esta situación es admisible? ¿Debe un grupo de vecinos debatir respecto a las actividades permitidas por parte de las autoridades? ¿Acaso el Estado no se debe ocupar de esta problemática? ¿Cómo se resuelve este conflicto?

Como es de público conocimiento, la “segunda ola” de COVID-19 en nuestro país, ha sido mucho más fuerte que la primera dado que miles de casos son detectados a diario y cientos de combatientes, ante un virus que no da tregua en su cuerpo, pierden la batalla más importante. Es por lo recientemente descripto que el gobierno de turno, a nivel nacional, estipula determinadas medidas para evitar la propagación de dicho virus. La frase “bajar la curva”, “debemos esperar el pico”, entre tantas otras, nos permitieron conocer el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y el DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio). Dichas medidas poseen algo en común, y es que son medidas preventivas, pero por sobre todas las cosas resultan OBLIGATORIAS. Llegados pues a esta instancia, podemos establecer conceptos básicos y absolutos, que no admiten disyuntiva alguna, dado que si algo es obligatorio debe cumplirse, y si algo está prohibido no debe realizarse, aunque esto lamentablemente resulte meramente utópico.

Las primeras clases de Derecho Penal 1 (parte general) permiten crear un rico debate entre los alumnos. Como si se tratare de la partícula de Dios, la pregunta: “¿Está prohibido robar?”, oficia como desencadenante a una fuerte discusión. El séptimo mandamiento suele picar en punta, y parece generar un convencimiento cuasi total en el alumnado. La realidad, y pese a que sea popularmente denominada como “conducta prohibida” entre los distintos doctrinarios que analizan en profundidad la dinámica que afecta al “bien jurídico propiedad” mencionado, no está prohibido robar. Nuestra legislación vigente, establece que aquella persona que roba, o bien “..se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena..” (art. 164 del CPN) recibirá una pena. Esto significa que el Estado, no solo podrá, sino que tendrá la obligación a través del ius puniendi de castigar, aplicando penas, a todas las personas que realicen conductas pre establecidas (conductas disvaliosas). Como corolario de lo recientemente dicho, la persona que roba comete un delito (conducta típica antijurídica y culpable) que posee una sanción, la cual resulta particularmente grave, y que se conoce como “pena”. Es fácil caer en la analogía de que la persona dispuesta a cometer un robo, estaría a la par de una persona que quiere comprar un elemento en un comercio, dado que ambos están dispuestos a pagar un precio, el ultimo mencionado con un valor monetario prefijado por el vendedor, y el primero con una pena que afecta su libertad ambulatoria, y que no es ni más ni menos que la prisión, y que ha sido prefijada en cambio por la legislación vigente.

Habiendo entendido cuales son las potestades y obligaciones del Estado para garantizar la coexistencia de los individuos, es importante entender pues, que gozamos del libre albedrio para acatar o no las normas impuestas por el gobierno nacional de turno a través de los famosos DNU que intentan como se ha dicho evitar la propagación del letal virus, pero bien debemos tener en claro que tal decisión puede tener un costo, y esa transgresión o incumplimiento tendrá una pena. A esta altura, el lector, y dependiendo su posición política, seguramente dirá: “tenemos que cuidarnos”, “nadie lo entiende”, “hay que acatar las normas” o bien “nos quieren encerrar”, “es falta de gestión”, ”se robaron las vacunas”, “no me voy a quedar en mi casa”. El conflicto pues, es que cada uno de los artículos figurativos en el Código Penal de la Nación, no reconoce partido político alguno, y establecen en su art.205 que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, por lo que no generar el acatamiento de las medidas figurativas, en este caso en los distintos DNU presidenciales, convertirá a dicha trasgresión en un delito. Volviendo una vez más a la analogía oportunamente planteada, y habiendo dejado en claro el trasfondo que oficia de sustento legal para cada una de las acciones mencionadas, quien no acate las medidas podrá ser considerado autor de un delito, y quien no haga cumplir las mismas (y tenga la obligación de hacerlo) podrá encuadrar como autor por omisión ante esa responsabilidad.

La importancia del acatamiento de las normas establecidas con respecto al COVID-19 no se mide pues por localidades, por representantes, ni por partidos o bandos políticos, simplemente por la salud y la vida de nuestros seres queridos, convirtiendo pues a quien no cumple con las obligaciones planteadas en un potencial delincuente con todo que ello implica. Es importante entender que cuidándote, ayudas a cuidar al otro.