La Frontera: Pinamar, presentan un amparo para prohibir motos, cuatriciclos y 4×4 en los médanos
El trágico caso de Bastián no fue un accidente, fue el síntoma de un sistema agotado. Mientras el municipio de Pinamar intenta contener la furia social mediante un tarifario de multas que llega a los 15 millones de pesos, la Justicia ha recibido un recurso de amparo que busca ir a la raíz del problema: la prohibición total de vehículos motorizados en las playas y médanos.
El Estado contra la Pared: Entre el Negocio y la Vida
La presentación judicial de Pablo Martínez Carignano, ex titular de la ANSV, no es solo un trámite administrativo; es una denuncia política. El recurso pone en evidencia la contradicción del discurso municipal: el intendente argumenta que «La Frontera» es propiedad privada para eludir controles, pero al mismo tiempo aplica multas en el lugar. «El Estado no puede desentenderse cuando el riesgo es colectivo», sostiene el amparo, desnudando una zona gris legal que se utiliza como excusa mientras las familias conviven con vehículos de alta cilindrada fuera de control.
Multas de 15 Millones: ¿Prevención o Recaudación?
El reciente Decreto 0104/2026 agrava las penas a niveles récord, habilitando incluso el secuestro de vehículos y el cobro de gastos médicos a los infractores. Sin embargo, para la mirada judicial de los abogados patrocinantes Galván y Paruolo, esta medida es una «respuesta post-mortem».
La crítica política: La ley actual parece estar diseñada para cobrar tras la tragedia, no para evitarla.
El argumento judicial: Existen antecedentes sólidos en municipios como Villa Gesell y miramar que demuestran que la única barrera efectiva es la prohibición, no la regulación de una «insensatez humana» que no entiende de carteles.
La Batalla por la Seguridad Vial
Mientras Gustavo Barrera (Villa Gesell) busca nacionalizar el conflicto con un proyecto para reformar la Ley de Tránsito en Diputados, la Justicia de Dolores tiene en sus manos la posibilidad de poner un límite inmediato. El amparo plantea un dilema ético-jurídico que la política local ha evadido por décadas: ¿Es la «libertad de divertirse» superior al derecho a la vida? La conclusión de Carignano en el expediente es lapidaria para la gestión actual: manejar una 4×4 a fondo entre niños es un acto criminal, y un Estado que solo garantiza la multa es un Estado que ha renunciado a su deber de protección.
