Napoli denuncia: El pacto de silencio en el concejo, cómo el oficialismo garantiza el blindaje de funcionarios

El uso sistemático del «doble voto» por parte de la presidencia y el envío de expedientes críticos al archivo de las comisiones revelan una estrategia de protección política. Mientras la Secretaría de Hacienda maneja sumas millonarias bajo conceptos ambiguos como «cuentas pendientes», los concejales alineados con el intendente bloquean cualquier intento de auditoría externa denuncia el concejal Leo Napoli en Pinamardiario Streaming.

La gestión de Juan Ibarguren en Pinamar parece haber perfeccionado un mecanismo de defensa que va más allá de la gestión administrativa: el blindaje legislativo. Lo que en la superficie se presenta como una dinámica democrática, en la práctica funciona como un filtro infranqueable donde las denuncias por malversación, los faltantes de caja y las sospechas sobre funcionarios de alto rango quedan sepultadas bajo tecnicismos y mayorías automáticas.

El «doble voto» como arma de obstrucción

La reciente entrevista al concejal Leonardo «Tano» Napoli puso sobre la mesa una realidad que el oficialismo intenta normalizar. El Concejo Deliberante de Pinamar hoy no funciona como un órgano de control, sino como un anexo del Ejecutivo. El mecanismo es quirúrgico: ante cualquier pedido de informes o auditoría que incomode al poder, se utiliza la mayoria para que nadie explique nada afirma Napoli.

Este «blindaje» no es solo una interpretación política; es un dato estadístico. Fue precisamente este método el que frenó el viernes pasado el pedido de una auditoría contable retroactiva de un año para el caso de Norma Watson. ¿El argumento oficialista? Ninguno sólido. Solo la voluntad de no hurgar más allá de los tres meses que el propio Ejecutivo decidió auditar «a dedo», y que ya arrojaron un faltante escandaloso de 67 millones de pesos.

El misterio de los 620 millones en la «libreta de almacenero»

Uno de los datos más alarmantes que el oficialismo se niega a transparentar surge de la propia rendición de cuentas enviada al Concejo. Según Napoli, la Secretaría de Hacienda — maneja una partida denominada «Cuentas Pendientes» que ostenta un saldo positivo de 620 millones de pesos.

En una administración moderna, este nivel de imprecisión en la nomenclatura contable es, cuanto menos, sospechoso. La oposición denuncia que el municipio se gestiona como un «almacén», con una precariedad sistémica que facilita la «la falta de explicaciones». Al no existir cuentas separadas para fondos afectados (gracias al veto del intendente a la ordenanza que lo exigía), el dinero que entra para salud, seguridad o bomberos termina en una «licuadora» financiera de difícil trazabilidad.

«El intendente vetó la ordenanza de cuentas afectadas porque daban transparencia. Cada fondo iba a tener su cuenta y los vecinos o instituciones iban a saber cuánto dinero ingresaba. No quisieron esa claridad», señaló Napoli.

Funcionarios intocables y la ausencia de Francisco Montes

La complicidad de los concejales oficialistas se manifiesta también en la protección personal a los funcionarios. El caso de Francisco Montes, Secretario de Gobierno, es emblemático. Citado para dar explicaciones por denuncias de irregularidades y por su responsabilidad jerárquica en el área de Hacienda durante el robo de fondos públicos, Montes decidió no asistir, excusándose vía mail por «problemas de agenda».

En lugar de exigir su presencia para resguardar la institucionalidad del Concejo, la bancada oficialista aceptó la excusa sin cuestionamientos. Esta actitud contrasta con la gravedad de la situación social en Pinamar: mientras los funcionarios evitan dar la cara, los vecinos enfrentan un aumento de tasas del 40% (más adicionales de seguridad y salud) que no se refleja en los servicios.

Un municipio rico, una gestión pobre

La gestión de Ibarguren, que Napoli vincula directamente con las políticas nacionales por su alianza con el sector libertario, parece estar cómoda en una «meseta». Pinamar, siendo uno de los municipios con mayores recursos de la provincia, padece una inseguridad creciente y un deterioro visible en su infraestructura.

• Tasas viales: Se recaudaron más de 200 millones de pesos el año pasado, pero no hay calles nuevas ni mantenimiento asfáltico desde hace una década.

• Inseguridad: Las tasas especiales no llegan a los móviles policiales, que a menudo deben ser reparados por los propios efectivos en condiciones precarias.

La conclusión que emana del bloque opositor es una sola: el blindaje en el Concejo Deliberante no es para proteger la institucionalidad, sino para ocultar quiénes se beneficiaron del desorden administrativo de los últimos diez años. Con la citación de Lucas Ventoso para el próximo miércoles, el oficialismo tendrá una nueva oportunidad de decidir si seguirá actuando como abogado defensor de la gestión o si finalmente permitirá que la luz entre en las cuentas del municipio.