Charla con Pizzolito: El municipio ajusta los controles de 4×4 y UTVs mientras crecen las dudas sobre la ecotasa en Pinamar
A las puertas de una nueva temporada estival, la gestión del intendente Juan Ibarguren vuelve a poner la lupa sobre las playas locales con un paquete de medidas restrictivas que busca ordenar el tránsito de UTVs, cuatriciclos y camionetas 4×4. Sin embargo, detrás del discurso oficial de «corredores seguros» y ordenamiento, la implementación de estas normativas —que incluyen el polémico cobro de la ecotasa y un registro municipal obligatorio— expone zonas grises, un marcado afán recaudatorio y el descontento de propietarios y turistas que sienten que las reglas del juego cambian a conveniencia del Ejecutivo.
En diálogo con este medio, Javier Pizzolito analizó los puntos clave de un esquema que, bajo la administración de Ibarguren, genera más interrogantes que certezas y amenaza con empujar a los visitantes hacia otras costas.
La fuga silenciosa hacia destinos vecinos
Ante el endurecimiento de los controles y las restricciones impuestas por el municipio, una parte del turismo ya comenzó a replantearse sus destinos. Localidades cercanas, o más allá en Médano Blanco y Miramar, emergen como alternativas para aquellos que buscan disfrutar de los vehículos off-road sin la presión pinamarense.
Si bien desde el sector oficial se relativiza el impacto, la realidad marca que muchos propietarios eligen migrar hacia zonas donde todavía existen márgenes temporales de adaptación y una convivencia más lógica entre la actividad turística y la normativa. El «aparato» restrictivo de Pinamar parece expulsar a quienes, históricamente, eligen las playas locales para vacacionar con sus vehículos.
A partir del 1 de diciembre: más exigencias y confusión
Desde el próximo 1 de diciembre, las reglas se endurecerán drásticamente. Para los UTVs, cuatriciclos y motos, el cumplimiento normativo será lapidario; en el caso de las camionetas 4×4, la exigencia recaerá de lleno en el ingreso a la zona de la frontera y al sur de Cariló.
El laberinto burocrático se profundiza al analizar los registros:
- El Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA): Inscribe los vehículos UTV, cuatriciclos y motos no homologados para la calle, otorgando un número de inscripción pero negando la chapa patente para circular en la vía pública.
- El Registro Municipal: Obliga a los propietarios a revalidar sus vehículos en el ámbito local de cuatriciclos y UTVs.
Lejos de clarificar, esta superposición de normativas genera la falsa sensación de que el municipio «autoriza» lo que la ley nacional prohíbe, escudándose en decretos provinciales y nacionales que delegan en los municipios la creación de corredores seguros. Una herramienta jurídica perfecta para trasladar la responsabilidad al contribuyente.
¿Ecotasa o caja recaudatoria?
El punto más sensible del paquete de medidas es, sin dudas, el cobro de la ecotasa. Un tributo que, bajo el ala de la gestión de Ibarguren, funciona claramente como una fuente de ingresos extra a costa de los bolsillos de los veraneantes:
- Vehículos con registro municipal al día: Están exentos, lo que obliga a una engorrosa actualización anual.
- Camionetas 4×4 y vehículos patentados: Todos aquellos que ingresen a la zona de la frontera y no cuenten con la exención municipal deberán abonar religiosamente la ecotasa.
- El castigo al contribuyente local y foráneo: Los residentes pinamarenses con vehículos municipalizados de más de 10 o 12 años de antigüedad están exentos, pero cualquier vecino que adquiera una 4×4 cero kilómetro o un vehiculo con pocos años de antigüedad se verá obligado a pagar la tasa. La voracidad fiscal no discrimina entre turistas y residentes que invierten en la ciudad.
Menores a bordo: prohibiciones y contradicciones
Otro de los puntos álgidos es el traslado de menores. Desde el municipio se insiste en que no está permitido llevar menores acompañantes ni en cuatriciclos ni en UTVs.
No obstante, en el caso de los UTVs, la normativa formal permite circular siempre que los ocupantes viajen en las butacas correspondientes, utilicen el cinturón de seguridad y no se supere la capacidad de plazas homologadas de fábrica. La falta de claridad en los mensajes oficiales genera un clima de incertidumbre y temor a multas arbitrarias durante los operativos.
Un «anillo digital» para vigilar y recaudar
Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, el gobierno de Ibarguren proyecta la instalación de un «anillo digital» en los accesos a la frontera. Este sistema de cámaras con lectores de patentes (LPR) funcionará como un gran hermano fiscal, capaz de detectar tanto dominios oficiales como la ausencia de los mismos en vehículos no patentados.
Mientras el municipio invierte en tecnología de vigilancia y control para blindar su esquema recaudatorio, queda por verse si el saldo de esta política será el ordenamiento urbano o, por el contrario, un verano con playas menos concurridas y un turismo hastiado de tantas trabas.
