Los concejales del Partido de Pinamar Gregorio Claudio Estanga y Violeta Alicia Saquilan presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública y ambientales vinculados con la organización, autorización y ejecución del evento «Enduro del Invierno 2026».
La presentación judicial señala irregularidades en la tramitación del expediente municipal impulsado para beneficiar a la empresa EDV Entertainment S.A.. Los denunciantes advierten que la Ordenanza Nº 7342/2026, sancionada el 14 de agosto de 2026, fijó autorizaciones retroactivas que abarcaban tareas desde el 10 de agosto, lo que implica que los movimientos de suelo y el despliegue de maquinaria pesada sobre la playa se iniciaron antes de la entrada en vigencia del marco normativo.
Uno de los ejes centrales del reclamo radica en el aspecto ambiental. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente bonaerense confirmó mediante una providencia que no existen registros ni tramitaciones de evaluación de impacto ambiental para la realización del torneo en la costa pinamarense. Esta constatación contradice las afirmaciones expresadas por funcionarios durante el debate en las comisiones del Concejo Deliberante, donde se había asegurado la existencia de estudios técnicos favorables. Asimismo, la denuncia remarca que las autoridades locales ignoraron las advertencias previas expuestas por entidades ambientalistas como la Fundación Ecológica de Pinamar.
En el plano económico y patrimonial, los ediles cuestionan la eximición total otorgada a la firma organizadora del pago de cánones, derechos por uso del espacio público y tributos por publicidad. A esto se suma el uso incondicionado de logística, personal de guardia urbana y tránsito, insumos, maquinaria y horas extras municipales sin que se haya fijado un mecanismo de compensación o reintegro del gasto público a favor del Municipio.
Por otra parte, la denuncia solicita investigar posibles conflictos de intereses de quienes intervinieron en la aprobación de la medida, requiriendo verificar la existencia de probables vínculos societarios o comerciales previos entre el concejal Alejo Yeza y empresarios ligados a la firma beneficiaria.
Ante este escenario, los concejales exigieron la apertura inmediata de la investigación penal, la realización de pericias ambientales y contables, y la preservación urgente del material probatorio, correos institucionales y expedientes digitales.
