La justicia le dio la razón a Madariaga y confirmo la expropiación del predio del basural del frente de ruta

Desde el inicio de la gestión del intendente Santoro se trabajó de manera ardua para conseguir que el Predio de Disposición Final de la Ruta 11 sea propiedad de la Municipalidad General Madariaga.

Vale recordar los conflictos que se tuvo años atrás con la firma ECOPLATA, la cual operaba en el predio de dominio privado incumpliendo todas las obligaciones del contrato referidas al saneamiento y remediación del lugar, afectando enormemente al medio ambiente de toda la zona de trabajo. A ello se sumaba los conflictos existentes de esa firma con los municipios vecinos a los que tambien les hacía la recolección.

Es por eso que, en el año 2018, el municipio decidió rescindir el convenio con dicha empresa, iniciar una demanda por contaminación y comenzar a administrar y controlar el tratamiento de residuos del predio, a fin de reparar el daño ambiental causado por el uso desmedido del mismo y la falta de control de la administración anterior. Además, se entró en un programa de remediación del estado nacional con la anterior gestión, con financiamiento internacional, que los avatares políticos y económicos del país han demorado, dado que dicha remediación excede al municipio de General Madariaga por ser el predio un lugar de disposición de toda la región.

Dos años después (2020), tras la presentación de un proyecto de ley para conseguir la expropiación del basural, se conseguía la aprobación por unanimidad de la Cámara de Diputados de la Provincia y días más tarde, se lograba que dicha aprobación sea ley por sanción del Senado bonaerense, siendo publicada en el Boletín Oficial en el año 2021.

Para finalizar, en el día de ayer, se dio a conocer la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de la ciudad de Dolores por la cual se declara expropiada la parcela, pasando a ser la misma propiedad de General Madariaga.

Así mismo, la justicia dispuso una indemnización a favor del propietario de la parcela por una suma en moneda estadounidense, la cual el municipio apelará dado que no se considera el grave daño ambiental que tiene el lugar.