Polémica en Pinamar: Ecotasa Ibarguren, registro obligatorio y resistencia turística de cara al verano
PINAMAR. — La gestión municipal encabezada por el intendente Juan Ibarguren encendió el debate en el arranque de la temporada al oficializar un nuevo esquema tarifario y de fiscalización para el uso de vehículos todoterreno en las playas de Pinamar. Con el fin de regular la zona de «La Frontera» tras fallos judiciales y graves incidentes viales, el Municipio implementó una Ecotasa y un Registro Único Municipal de Todoterrenos, medidas que generaron un fuerte malestar entre turistas, vecinos y cámaras empresariales.
Lo que se sabe hasta el momento
La iniciativa surge en un contexto sensible para Pinamar, marcado por reclamos judiciales de seguridad vial y ambiental en zonas de dunas como La Frontera Norte y en Carilo . Tras las restricciones cautelares dictadas por la justicia debido a accidentes temerarios, la Comuna acordó un plan de reapertura controlada sustentado en cámaras de lectura de patentes, fiscalización digital y el cobro de cánones de conservación ambiental y control municipal.
Valores de la Ecotasa (Camionetas 4×4, SUV y Motos Patentadas)
Para acceder y circular por los corredores habilitados de médanos y playa, los vehículos con patente nacional deben abonar un canon ambiental proporcional al tiempo de permanencia:
- Pase semanal: $55.607,50
- Pase mensual: $106.937,50
- Temporada completa (15 de nov. a 30 de abr.): $320.812,50
- Permiso anual: $427.750
Registro Obligatorio para UTV, Cuatriciclos y Motocross
En paralelo, los rodados de recreación todoterreno que no cuentan con matriculación o patente nacional tradicional (UTV, cuatriciclos y motos de cross) deberán empadronarse obligatoriamente a partir del 1° de diciembre en el Registro Único Municipal para poder transitar por los corredores autorizados de todo el municipio.
- Inscripción inicial (alta y juego de chapas/QR): $205.320
- Renovación anual: $136.880
- Reposición de chapa por extravío: $68.440
La Cámara de Turismo local y comerciantes advierten que la medida atenta contra la competitividad del destino frente a otras plazas balnearias de la Costa Atlántica. Cuestionan que el Ejecutivo argumente falta de fondos para la seguridad de las playas mientras se conceden excepciones y cánones preferenciales a paradores privados del norte.
2. Disconformidad entre veraneantes y residentes
Propietarios de camionetas 4×4 expresan su rechazo en redes y foros al señalar que la norma impone un «peaje desmedido» a la utilización del espacio público. Además, argumentan que la tasa «busca recaudar bajo la excusa de la ecología», sin garantizar infraestructura básica de sanitarios ni asistencia directa para el usuario en la zona de playa.
3. Conflicto con Costa Esmeralda y amparos judiciales
Abogados representantes de residentes de urbanizaciones vecinas, como Costa Esmeralda, tacharon las medidas de «inconstitucionales y discriminatorias». Sostienen que cobrar un canon por el solo hecho de acceder desde la playa constituye una aduana interior ilegal y preparan presentaciones judiciales (recursos de amparo) para frenar su aplicación antes del inicio del verano.
Posición de la Intendencia
Desde la intendencia, Juan Ibarguren defiende el paquete tributario al sostener que la prioridad es la seguridad vial, el reordenamiento del espacio y la prevención de accidentes trágicos. Según argumentan desde el municipio, la Ecotasa permite financiar la logística de control, los operativos sanitarios de emergencia, la fiscalización de picadas clandestinas y la preservación del frágil ecosistema dunar frente al impacto vehicular intensivo.
