Sombra sobre la gestión de Yeza en Pinamar: el Tribunal de Cuentas dejó firmes irregularidades contables y falló por perjuicio patrimonial

Un análisis pormenorizado de la rendición de cuentas de 2021 revela desfasajes millonarios en cuentas bancarias, descontrol en contratos de la Terminal y condenas solidarias al exintendente y su legal por juicios no pagados a tiempo.

En una extensa resolución de 33 páginas que acaba de ser notificada, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) ratificó una serie de fallas en la fiscalización del Municipio de Pinamar durante el Ejercicio 2021. Aunque el fallo readecuó a la baja los montos de las sanciones pecuniarias para el exintendente Martín Yeza y cinco de sus principales colaboradores, la justicia administrativa contable confirmó que se provocó un daño directo a las arcas públicas municipales debido a la omisión en el pago de deudas judiciales.

El expediente 4-092.0-2021 expone cómo el gobierno municipal incurrió de manera reiterada en inconsistencias administrativas que van desde «agujeros» en las conciliaciones bancarias hasta falta de control en contratos de la Terminal de Ómnibus y limitaciones de acceso a los sistemas de auditoría en tiempo real.

El «descalce» millonario entre los libros y los bancos

Uno de los capítulos más complejos del dictamen es el que aborda los saldos al cierre del ejercicio. Los auditores del organismo detectaron que mientras los registros contables del municipio reflejaban existencias en la caja de fondos de libre disponibilidad por $784,1 millones, en las cuentas del Banco Provincia solo había depositados $80,2 millones.

Ante este desfasaje negativo —que superó los $802 millones en esa partida—, los funcionarios argumentaron haber hecho uso de decretos de emergencia para compensar partidas con fondos provinciales. Sin embargo, la División Relatora desestimó el descargo al probar que las autorizaciones firmadas por el Intendente no cubrían ni la mitad del descalce detectado y que no se presentaron las pruebas matemáticas correspondientes.

Negligencia judicial: el dinero que perdieron los pinamarenses

Más allá de las faltas formales, el HTC se enfocó en el accionar del exjefe comunal Martín Yeza y su Asesor Letrado, el Dr. Martín Rapallino. El organismo probó que la Municipalidad contaba con sentencias firmes y regulaciones de honorarios que fueron archivadas o ignoradas en los despachos comunales durante años.

Al no abonarse en los plazos fijados por ley, los abogados acreedores promovieron juicios de ejecución de honorarios que desencadenaron embargos automáticos sobre las cuentas bancarias municipales del Banco Provincia. Esos procesos judiciales generaron costas adicionales e intereses que la Comuna terminó pagando con el dinero de los contribuyentes.

Por esa «falta de diligencia que causó un evidente perjuicio al erario», el Tribunal condenó a Yeza y Rapallino a responder solidariamente y con su propio patrimonio por un total de tres cargos que suman más de $184.000:

• $154.353,65 por honorarios generados en el juicio «Cabral c/ Municipalidad de Pinamar».

• $17.178,36 por intereses y costas derivadas de la ejecución en la causa «Benítez».

• $12.771,12 por gastos judiciales del incidente de ejecución en la causa «García Quiroga».

Irregularidades en la Terminal y falta de transparencia digital

El fallo también dejó expuesta la falta de fiscalización sobre las empresas de transporte que explotan las boleterías y servicios en la Terminal de Ómnibus de Pinamar. El tribunal mantuvo la sanción al constatarse la falta de presentación de pólizas de seguro de responsabilidad civil obligatorias vigentes para el período auditado y la falta de contralor en el pago del impuesto a los sellos.

A esto se le sumaron las infracciones por no garantizar al Tribunal de Cuentas un acceso remoto e integral a los módulos del sistema contable M@jor, maniobra que entorpeció el trabajo de los auditores bonaerenses.

Multas reajustadas pero firmes

Aunque el fallo de revisión redujo las multas originales de $300.000 a $260.000 para Martín Yeza, y las fijó en $74.000 para el contador Francisco Orlando y en $40.000 para los exsecretarios Gabriel Videla, Matías Yeannes, Alberto Lamarque y el tesorero Francisco Montes, el Tribunal fue categórico: otorgó un plazo perentorio de 90 días para que depositen el dinero en el Banco Provincia.

En caso de no cumplir o no recurrir la medida ante el Fuero Contencioso Administrativo, las actuaciones pasarán directamente a la Fiscalía de Estado para el cobro por vía ejecutiva.