Inseguridad: Leo Napoli denuncia deficiencias de gestión y falla de prevención tras la entradera a la familia Altieri
El reciente y violento asalto sufrido por la familia Altieri en pleno centro de Pinamar expone con dureza una brecha estructural: la distancia entre el gasto público asignado a la seguridad y la efectividad real de las políticas de prevención. El hecho ocurrió a las 18:30 horas, a una cuadra de la avenida Bunge y a pocos metros del mar, cuando entre cuatro y cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda de Juan Altieri y su esposa. Las víctimas permanecieron maniatadas y golpeadas durante dos horas. La gravedad del episodio trasciende lo policial para convertirse en un síntoma de gestión municipal.
En análisis con Leonardo «Tano» Nápoli, quien acudió a la propiedad tras el ataque por el vínculo histórico entre ambas familias pioneras de la ciudad, se puso de manifiesto un contraste alarmante. Por un lado, la predisposición del nuevo comisario de la Seccional Primera, Gerardo Ferreira —quien tomó declaración en el lugar hasta la madrugada—; por el otro, la precariedad operativa de las fuerzas de seguridad, que enfrentan carencias edilicias y operativas básicas, incluyendo la falta de luz, gas y móviles en condiciones.
El aspecto central del análisis radica en la administración de los recursos del municipio. Para este período, Pinamar cuenta con un presupuesto aprobado de 75.000 millones de pesos, de los cuales entre un 12% y un 15% se destinan a la Secretaría de Seguridad. A pesar del constante incremento de impuestos a los contribuyentes y de los desembolsos en equipamiento para la Guardia Urbana o cámaras de monitoreo, los delitos violentos como las entraderas no ceden. Esto evidencia una falla severa en la planificación estratégica, el diagnóstico de zonas de riesgo y la comunicación entre las distintas áreas de control urbano.
Asimismo, la coyuntura expone una falencia en la conducción política que encabeza el intendente Juan Ibarguren junto a su equipo. Frente al recurrente argumento de que la seguridad es una responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires, el análisis de gestión demuestra que el municipio no puede tomar un rol pasivo. Distritos vecinos han logrado gestionar insumos, patrulleros y equipamiento ante el gobierno bonaerense sin importar las diferencias de signo político. La falta de articulación ejecutiva con la Gobernación deja al descubierto una deficiencia en la negociación pública, donde la policía local queda desarmada operativamente y la comunidad desprotegida.
El caso Altieri no es un hecho aislado, sino la confirmación de que la inversión económica sin una estrategia integral de prevención resulta ineficaz para garantizar la tranquilidad de los vecinos de Pinamar.
